En el marco de una política que lleva adelante la administración de Enrique Antía, en la que se busca recuperar la dignidad de vivir mejor, con los realojos por un lado, pero también dando oportunidades a la gente que trabaja para que acceda a su vivienda propia por el otro, avanza el apoyo a familias para que puedan tener la oportunidad de vivir mejor.

En ese sentido el director Alejandro Lussich, dijo que “se está afinando el protocolo de adjudicación” y a la brevedad se remitirá a la Junta Departamental de Maldonado (JDM) la solicitud de anuencia para poner a la venta a las 80 unidades que componen los dos bloques del Complejo Urbaneste.

Una vez fijados los requisitos -entre ellos el costo y la financiación de los apartamentos- por parte de la JDM, se hará un llamado público y se efectuará la postulación de los interesados en acceder a estos apartamentos de dos y tres dormitorios.

En este caso, se otorgarán facilidades para las familias jóvenes que buscan obtener una solución habitacional. Se espera que “las  viviendas queden adjudicadas antes de fin de año, al igual que los terrenos ubicados al Norte de Cerro Pelado”.

La realidad en números

El jerarca afirmó que existe un déficit estimado de 10 mil viviendas en el departamento y “la IDM sola no puede cubrir esa demanda”. Por este motivo, se está trabajando con todos los organismos a nivel nacional - el Programa Mejoramiento Barrial del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), la Agencia Nacional de Vivienda; y MEVIR- para abarcar la mayor cantidad de soluciones.

Otros de los desafíos que se planteó la actual Administración es la regularización de las 1000 familias instaladas en el asentamiento Los Eucaliptus. Lussich, sostuvo que “se está trabajando en la presentación de toda la documentación necesaria” -ante el mencionado Programa del MVOTMA- para obtener el financiamiento a través de los fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

A través del Programa de Mejoramiento Barrial se efectúan intervenciones de carácter integral e incluyen las dimensiones social, física, ambiental y jurídico-notarial en una zona determinada. En el proceso se realizan obras de infraestructura que apuntan a mejorar el hábitat y se desarrollan acciones de promoción social y capacitación que fortalecen los procesos de inclusión social e integración territorial de las familias beneficiadas.

También se encuentra a estudio del BID un llamado a licitación para el asentamiento San Antonio IV. Es una obra “importante” de aproximadamente de 10 millones de dólares orientada “al realojo de parte de ese asentamiento pero además se va a regularizar en ese mismo lugar a 435 familias”. En la zona se prevé instrumentar obras de vialidad y saneamiento que den solución “a la situación de hacinamiento”.

Otra de las opciones que maneja el Área de Vivienda de la IDM tiene que ver con un programa dirigido a cooperativas de vivienda mediante la entrega de tierras por parte de la IDM. Sobre este tema, Lussich indicó que “estamos avanzando en ochos casos y cada una de esas cooperativas tienen alrededor de 50 integrantes”, lo cual significaría “una cantidad importante de soluciones habitacionales que podrían concretarse en este periodo de gobierno”.