En entrevista con el periodista Emiliano Cotelo -Radio En Perspectiva-, Enrique Antía agregó que luego se introdujeron modificaciones a los terrenos baldíos, que significaron un incrementó de un 50 %.

Sobre este tema explicó que “entendemos que es necesario aplicarles un incremento porque hay zonas principales de nuestro departamento donde hay terrenos de alto valor y de alto valor de especulación, donde tenemos todos los servicios, saneamiento, luz y agua que no se mueven, y precisamos que esos terrenos se transformen en propiedades con valor. El impuesto al baldío es un impuesto finalista que tiende a que aquel que está especulando o que tiene un terreno y no lo usa tenga que pagar por él, se incrementa el impuesto a los efectos de que movilice ese terreno para el área de la construcción. Es una decisión urbanística que tomamos y me parece razonable”.

Además, señaló que también se incrementó el mínimo, porque durante muchos años se aumentaba por porcentajes, creándose un desfasaje muy importante entre lo que había en el departamento;  algunas localidades pagaban $ 4.000 y $ 5.000 por año de contribución. Ese mínimo se llevó a $ 6.500 en todo el departamento. Es decir que todo aquel que tiene una propiedad, un terreno de 300, 400 metros, en las ciudades del departamento paga $ 6.500 por año por todos los servicios que brinda la Intendencia. Ese incremento del mínimo no pesa un 1 % en el ingreso de la Intendencia, así que no podemos hablar de que el objetivo fue recaudar”, sentenció.

Antía, agregó que se recorrió toda la costa dede José Ignacio hasta Playa Verde y Solís, se revisaron 17.000 padrones de los 150.000 que tiene la IDM y sobre esos se aplicó un ajuste porque pagaban el mínimo y de pronto estaban en la primera fila frente al mar. En este sentido, indicó que “había varias casas en José Ignacio sobre las rocas del mar que pagaban $ 5.000 por año y lo mismo pasaba en Punta Colorada, Playa Verde y Playa Hermosa. En la primera fila y segunda fila de la costa se hizo una revisión para ajustar, eran terrenos de mucho valor, con casas muy buenas y pagaban muy poquito; de pronto lo que pagaban por año lo sacaban en dos días de alquiler, ese fue el ajuste”, sentenció.

Por lo tanto, “el resultado práctico es que pagaron más padrones este año que el año pasado en todo el departamento y en esas zonas también. No hubo ninguna retracción al pago, lo cual es una manera de reconocer: está bien, nos aumentaron 200 % –como decía la manija política–, un 300 %, pero es justo; tengo una casa en Punta Colorada. Allí, $ 14.000 o $ 15.000 es lo razonable y así fue”.

Proyectos de inversión

Sobre los proyectos presentados por más de 400 millones de dólares, Antía aseguró que son todos privados y es una inversión genuina, gente que decide invertir en la zona con recursos propios, prácticamente todos son proyectos que pretenden hacerse para después salir a la venta: “Eso responde a una inquietud que se generó en el departamento a partir del año pasado, cuando planteamos un proyecto de exoneración de tasas y tributos para la construcción -contribución, tasa de presentación de plano, y tasa de retorno de la inversión, entre otras- que nos permitieron acercarnos al inversor, golpearle la puerta, decirle estamos con esto. De esa instancia surgió también la necesidad de golpear la puerta a nivel nacional para que contribuyeran con exoneraciones que permitan aterrizar la inversión. Y la suma de las dos exoneraciones, la de Maldonado, que fue la que inició el proceso, como la del decreto que a fin del año pasado publicó el gobierno nacional, reconociendo que la inversión inmobiliaria de calidad en Punta del Este o en zonas principales, es buena para el país, generó una corriente que se consolida en esta cantidad de proyectos que presentamos a la Junta. Hay 17 proyectos presentados a la Junta, cuatro ya aprobados –uno de ellos ya empezó la construcción– y seis o siete que se están analizando en la Dirección de Urbanismo de la Intendencia. Esas exoneraciones nos van a permitir empezar a atender la enorme dificultad de falta de trabajo a nivel de la construcción, un parate que hoy tiene a más de 6.000 trabajadores de Maldonado en el seguro de paro y otros con el seguro ya terminado”.

Antía afirmó que todos esos proyectos, que son bien buenos, urbanísticamente son interesantes, son de calidad, pasaron por el filtro de la Intendencia, en el cual se discutieron muchos elementos urbanísticos y medioambientales: “Estuvieron trabajando casi un año con nosotros en la discusión técnica, unos se modificaron fuertemente, otros se están modificando y otros se ajustaron un poco porque era necesario”.

Plazos

Antía concluyó que son proyectos que deben empezarse antes de fin de año sino pierden la aprobación: “La idea es empujar a que se decidan rápidamente; había un proyecto importante que no podía empezar antes de fin de año y se bajó la semana pasada. Estamos trabajando en esa línea, porque hay angustia y hay falta de trabajo. Pensamos que aproximadamente 3000 o 4000 personas podrán tener trabajo, no alcanza para todos los desocupados que hoy tenemos en el departamento, pero capaz que esa número va a ir agarrando de a poquito”, indicó.