La interpelación estuvo a cargo del edil de la Alianza Progresista, Leonardo Delgado. En ese marco, el jefe departamental defendió la decisión que tomó la Administración respecto a las variaciones en este tributo; en primera instancia aclaró que se concurrió a dar una respuesta cuando culminó el periodo de pago de la contribución porque “la responsabilidad de gestión es nuestra y no íbamos a atentar contra las posibilidades de recaudación del departamento”.
Asimismo, hizo hincapié en que “se está discutiendo algo que la Junta Departamental ya aprobó en el Presupuesto Quinquenal”.
Posteriormente, indicó que “hubo una convocatoria al no pago”, y sin embargo, “no se incrementó la morosidad”, este hecho fue calificado por el jerarca como “una gran irresponsabilidad”, además de considerarlo “casi un delito si se toma en cuenta lo que establece el Código Tributario”.
En relación a los servicios que brinda la Administración no considera al aumento de la Contribución Inmobiliaria como “no es un tarifazo”, además en Maldonado “se paga mucho menos que en otros departamentos”.
El jerarca departamental explicó que los reaforos se incrementaron de acuerdo al Índice de Precios del Consumo (IPC) “en las zonas que fueron la base del presupuesto departamental”, y en el caso de las restantes, “se aplicaron reafores y reajustes”. En tanto, añadió que “el presupuesto no se construyó en base a estos cambios sino “en base a una realidad”, además de que “existe tranquilidad porque los porcentajes de cumplimiento fueron muy importantes”.
Haciendo uso de la palabra, Antía dio ejemplos de porcentajes de pago en relación a años anteriores, explicó que los reaforos se dieron en las áreas de la costa porque allí “había grandes injusticias tributarias”; además, “se estableció un tope como precaución y los cambios afectaron a los terrenos y no a las casas”.
Durante su alocución detalló que "se estableció un mínimo de 6 mil pesos anuales” porque se necesita brindar los servicios de limpieza, luz, obra social y cultural, además de obras en general”. Aclaró también que existen exoneraciones para los que no pueden pagar y dio como ejemplo a las personas que cuentan con una única propiedad, jubilados, pensionistas, así como quienes tienen hijos con discapacidad. Los cambios responden a una política de estado para ordenar los pagos "sino se recauda sería un caos”, enfatizó.
También hubo espacio para referirse a casos puntuales como los registrados en Piriápolis donde se detectó una alta morosidad; y también lo sucedido en San Carlos: “existió un error de reaforo en una zona de San Carlos, se reconoció y se dio marcha atrás”.
Por último, indicó que cada cambio tributario tiene su explicación, y nombró el caso de los terrenos baldíos, los cuales “son un problema para Maldonado”.
El jerarca cerró su intervención con una defensa del presupuesto, aunque también se mostró dispuesto a analizarlo y discutirlo más adelante. Por otra parte, expresó que se está transformado la deuda de 93 millones de dólares recibida en potenciar al departamento en todas sus áreas.
Antía concurrió acompañado por integrantes del equipo de gobierno, entre ellos; el director general de Hacienda, Luis Eduardo Pereira; el secretario general, Diego Echeverría; el prosecretario, Álvaro Villegas; además del director de Auditoría Interna y Control de Gestión, Enrique Baeza y el director de Agrimensura y Catastro, Carlos Rodríguez.
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